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Según alerta la OCDE /
El riesgo de no poder ahorrar lo suficiente para la jubilación, otro efecto de la pandemia
11:45 | 11/12/2020
  • Al envejecimiento, el escaso crecimiento, los bajos rendimientos y las bajas tasas de interés, se suma una nueva carga para las pensiones: los efectos de la pandemia
  • Estos desafíos pondrán a muchas personas bajo riesgo de no poder ahorrar lo suficiente para su jubilación
  • Esquemas de protección del empleo, las ayudas a los autónomos y la cobertura de los parados han suavizado el impacto en las carreras de cotización y en los ingresos del sistema público de pensiones, pero también han supuesto un elevado coste para las administraciones, a lo que suma, según el informe, la elevada deuda pública
Por Futuro a Fondo

De acuerdo con el último informe de la OCDE (OECD Pensions Outlook 2020), el envejecimiento de la población, el escaso crecimiento, los bajos rendimientos y las bajas tasas de interés ya representaban una gran carga para los planes de pensiones financiados y de reparto, los planes de prestaciones y las contribuciones definidas, así como los planes de jubilación públicos y privados mucho antes del brote de la pandemia.

A estos desafíos ahora se suman los choques provocados por la crisis económica y sanitaria mundial, lo que, probablemente, mantendrá bajo el crecimiento económico, las tasas de interés y los rendimientos en el futuro y pondrá a muchas personas bajo riesgo de no poder ahorrar lo suficiente para su jubilación.

Según explica el informe, ante este panorama, los gobiernos han tomado una serie de medidas para mejorar la sostenibilidad y la resiliencia de los planes de pensiones en respuesta al COVID-19. Las medidas incluyen ampliar los planes de retención del empleo y las prestaciones por desempleo que permitan a los trabajadores seguir acumulando derechos a las prestaciones de jubilación u ofrecer flexibilidad en lo relativo a los planes de pensiones.

“Es necesario que los países alcancen un equilibrio entre el apoyo a los ingresos de corto plazo que brindan las medidas como otorgar a las personas acceso a sus ahorros para la jubilación antes de que alcancen la edad requerida (tal y como se hizo en España), y el posible efecto negativo de dichas medidas en los ingresos de jubilación futuros”, dijo el Secretario General de la OCDE, Angel Gurría. “Permitir el acceso a los ahorros para la jubilación tendría que ser un recurso de última instancia y basarse en circunstancias difíciles en vez de otorgarse de manera amplia e incondicional”.

“El COVID-19 también destacó la importancia de tener ahorros de largo plazo para emergencias”, agregó. “La implementación de planes de ahorro de largo plazo que combinen una cuenta de ahorros destinada específicamente para la jubilación y una cuenta de ahorros para emergencias podría aumentar la resiliencia de los ahorros para la jubilación”, añade.

Las repercusiones del COVID-19 en los ahorros para la jubilación

Desde la perspectiva de las fórmulas de ahorro privadas, el COVID-19, los confinamientos y la recesión económica han tenido múltiples repercusiones en los ahorros de jubilación. Estos impactos podrían dar lugar a menores ingresos en la jubilación y a importantes disfunciones en el mercado.

En concreto, el informe identifica seis impactos clave: la menor rentabilidad de los planes debido a las caídas de los mercados; una menor capacidad de contribución a los planes de pensiones;  interrupciones operativas como resultado de trabajar a distancia; ataques cibernéticos, fraudes y estafas dirigidos a personas, reguladores, supervisores y proveedores de planes de ahorro para la jubilación; la inclinación de las personas a dar prioridad a las necesidades inmediatas sobre sus intereses a largo plazo y  los posibles llamamientos a invertir en empresas o proyectos locales, lo que podría aumentar el perfil de riesgo de las carteras de ahorros para la jubilación.  

¿Qué deben hacer los responsables de formular políticas públicas?

Ante este contexto en el que las cuentas, tanto públicas como de los propios ciudadanos, se ven afectadas negativamente, lo que repercute en los ahorros para la jubilación, desde el informe destacan una serie de medidas que los responsables de formular políticas públicas deberían implantar.

Entre ellas destacan que se debe velar por que las personas sigan ahorrando para su jubilación y eviten vender activos y materializar las pérdidas cuando los mercados sufran caídas bruscas.

Adoptar un marco para evaluar la idoneidad de los ingresos para la jubilación y realizar evaluaciones con regularidad, identificando los grupos en riesgo y respondiendo a sus deficiencias específicas de idoneidad.

Considerar medidas específicas para garantizar que los trabajadores que desempeñan formas de trabajo atípicas (empleados temporales y de tiempo parcial, trabajadores autónomos y trabajadores informales) tengan oportunidad de ahorrar para su jubilación.

Atender las posibles consecuencias negativas de los frecuentes cambios de estrategias de inversión en los ingresos de jubilación futuros y en la estabilidad de los mercados financieros.

Disponer de un marco regulatorio que garantice que los sistemas de distribución de riesgos sean sostenibles y promuevan la equidad entre los participantes, al permitir que todos disfruten los beneficios de distribuir los riesgos en términos de mitigarlos y esperar obtener mayores ingresos de jubilación.

Por último, garantizar que la comunicación sobre las estrategias de inversión, así como sobre sus riesgos, recompensas y costos relacionados, sea congruente y estandarizada, se adapte al público objetivo y evite la jerga y las métricas complejas.

La situación de déficit

Por el lado de los sistema públicos de sistemas de pensiones, esquemas de protección del empleo como los ERTE, las ayudas a los autónomos y la cobertura de los parados han suavizado el impacto en las carreras de cotización de los trabajadores y los ingresos del sistema público de pensiones, pero también han supuesto un elevado coste para las administraciones, a lo que suma, según advierte el informe, la elevada deuda pública a la que se enfrentan los gobiernos. De hecho, debido a las generosas políticas anticíclicas y a la contracción prevista del PIB, se prevé que el déficit fiscal aumente bruscamente en el conjunto de la OCDE, de un 3,0% del PIB en 2019 a alrededor de un 11,5% en 2020.

Sin embargo, se espera que vuelva a bajar al 8,5% en 2021 y al 5,9% en 2022, aunque el nivel seguirá siendo superior al de 2019. Según desprende el informe de la OCDE, la nueva deuda acumulada se sumará a la presión de las finanzas públicas provocada por el envejecimiento de la población. Además, es probable que los tipos de interés a corto y medio plazo se mantengan bajos, reduciendo así el coste de la financiación de la deuda pública. En este sentido, consideran que las perspectivas asociadas de un bajo rendimiento financiero, al menos de los activos de renta fija, podrían pesar sobre el valor de los fondos de reserva de las pensiones.

Las primeras estimaciones en varios países muestran una caída sustancial de los ingresos por concepto de contribuciones y, por lo tanto, un debilitamiento de las finanzas de las pensiones a corto plazo. Además, se espera que el exceso de mortalidad debido a COVID-19 observado hasta ahora sólo reduzca ligeramente el gasto actual y futuro en pensiones. Si bien la evolución futura de la pandemia y su impacto final en la mortalidad y las obligaciones en materia de pensiones están sujetas a una gran incertidumbre, a largo plazo es probable que la nueva deuda acumulada ejerza presión sobre las finanzas de las pensiones, que ya están sometidas a la presión de los cambios demográficos.

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