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¿Qué más puede hacer el Pacto de Toledo?
15:30 | 21/10/2020
  • El Pacto de Toledo ha servido para canalizar la acción política en materia de pensiones a través de sus recomendaciones
  • Entre los elementos que incluirán las recomendaciones destaca: la actualización de las pensiones con el “IPC real”, el aumento de la “edad efectiva” de jubilación o la separación de fuentes de financiación, entre otras recomendaciones
  • La sociedad española desconoce ampliamente cómo funciona el sistema de pensiones, por qué es necesario asegurar su sostenibilidad financiera y cuáles serían las consecuencias de no hacerlo
Por Sofía Cisneros

Desde su creación, en 1995, el Pacto de Toledo ha servido para canalizar la acción política en materia de pensiones a través de sus recomendaciones. Desde su primera década de vigencia, ha logrado establecer un protocolo de actuación que, en general, ha sido respetado por los agentes políticos y sociales.

Este protocolo, según explican José Antonio Herce, presidente del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones, y Elisa Chuliá, miembro del foro, en el documento “¿Qué más puede hacer el Pacto de Toledo? De la “reforma permanente” a la COVID-19”, ha consistido en los siguientes pasos: el Pacto de Toledo elabora y actualiza una serie de “Recomendaciones”, el gobierno de turno alcanza un acuerdo social con los interlocutores sociales, el acuerdo se traslada, en mayor o menor medida, por parte del Gobierno al Parlamento en forma de proyecto de ley y se aprueba la correspondiente reforma de las pensiones.

El 5 de marzo compareció ante la Comisión el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, certificando el relanzamiento de los trabajos del Pacto de Toledo, justo –se dijo entonces en los medios– “donde habían quedado” en febrero de 2019. Aunque se interrumpieron todos los trabajos parlamentarios no esenciales por el Estado de Alarma, el 21 de junio, la Comisión del Pacto de Toledo reanudó su labor, con la intención reiterada una y otra vez de partir del borrador existente en febrero de 2019.

Igualmente, el ministro Escrivá ha manifestado su deseo de que la nueva reforma de las pensiones quedara cerrada antes de concluir 2020. “Un plazo que se antoja demasiado breve si se respeta el protocolo de concertación social seguido en otras ocasiones y que, en las circunstancias económicas tan críticas que afronta España en este periodo, parece muy necesario”, reza el documento.

Entre los elementos que incluirá destacan los siguientes, a tenor, según se especifica en el documento, de lo que han recogido los medios de comunicación, las redes sociales y las declaraciones de los responsables institucionales de las pensiones:

La actualización de las pensiones con el “IPC real” (y, por ende, la suspensión definitiva y normativa del Índice de Revalorización de las Pensiones, el IRP).

El aumento de la “edad efectiva” de jubilación, en particular mediante desincentivos a la jubilación anticipada.

La separación de fuentes de financiación, esta vez referida al traslado de los denominados “gastos impropios” de la Seguridad Social, que se asignan a los Presupuestos Generales del Estado.

La extensión del “periodo de cómputo” de la “base reguladora” a toda la vida laboral, una vez haya alcanzado los 25 años en 2023.

El reforzamiento de los incentivos fiscales a los planes de pensiones de empleo (con la posible reducción o eliminación de las deducciones que generan los planes de pensiones individuales desde que se aprobó la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones en 1987) y el impulso de nuevos esquemas colectivos fiscalmente calificados para PYMES y trabajadores autónomos a semejanza de los existentes en el Reino Unido.

La búsqueda de algún mecanismo aplicable a las pensiones que tenga en cuenta la evolución de la esperanza de vida para mitigar el impacto de la creciente longevidad y que sea diferente del Factor de Sostenibilidad, aprobado en la reforma de las pensiones de 2013 para que entrara en vigor a partir de 2019, pero cuya aplicación retrasó la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 hasta un máximo de cuatro años (2023).

Los objetivos que debe perseguir la reforma

Los expertos insisten en que la reforma de las pensiones no es solo un reto técnico, sino político y social. “Una de las claves de su éxito reside en hacer comprender a la sociedad la necesidad de reformar el sistema; en esencia, qué pierde la sociedad y cada grupo si no se hace nada o si se hace lo que no es correcto”, insisten.

“El COVID-19 ha puesto en jaque al sistema de la Seguridad Social y no por lo que muchos creen al ver las fuertes caídas en la esperanza de vida de la población, sino por el desfondamiento del empleo, la dura recuperación de la economía que nos espera y la perspectiva de millones de carreras contributivas interrumpidas y/o precarizadas durante un periodo de tiempo incierto”, explican los expertos.

Si una gran reforma era necesaria antes de la pandemia, ahora lo es todavía más. En este sentido, desde el documento se insiste en la necesidad de estabilizar el sistema a corto y medio plazo, actuando ya. Pero, en paralelo, consideran que nuestro país debería sumarse a aquellos que han entendido que sin unos pilares robustos de previsión social pública y complementaria, no podremos aspirar a pensiones sostenibles, suficientes y equitativas.

Entre los elementos de este “sistema mixto”, los expertos creen que habría que considerar, en el Pilar I, las cuentas personales nocionales, manteniendo una Seguridad Social de reparto, y la adscripción cuasi-obligatoria (por defecto, autoenrolment) de los trabajadores (asalariados y autónomos) a un sistema de Contribución Definida de capitalización de Planes de Pensiones de Empleo conveniales.

El desconocimiento en materia de pensiones

Según alertan los autores, el Pacto no ha logrado mejorar el conocimiento que tienen los ciudadanos sobre el sistema de pensiones y los problemas que afronta. Los expertos consideran que la sociedad española desconoce ampliamente cómo funciona el sistema de pensiones, por qué es necesario asegurar su sostenibilidad financiera y cuáles serían las consecuencias de no hacerlo.

En este sentido, advierten de que las manifestaciones de pensionistas en favor de “pensiones dignas y blindadas” no contribuyen a mejorar este conocimiento en la medida en que dan a entender que las actuales pensiones no son “dignas” ni “seguras”, pasando por alto dos evidencias importantes. En primer lugar, que las pensiones contributivas de jubilación españolas –cuyo importe medio y cobertura crecen anualmente desde hace décadas– ofrecen una mejor relación que las de otros países con Estados del Bienestar bien desarrollados, tanto entre la primera prestación que se percibe como pensionista y el último salario que se cobra como trabajador, como entre el conjunto de prestaciones por pensión que se perciben a lo largo de la vida y las cotizaciones efectuadas durante la carrera laboral. “Las pensiones presentan un elevado “retorno de inversión” por euro cotizado”, aclaran.

La segunda evidencia que presentan es que, incluso en las situaciones económicas más críticas, la Seguridad Social ha pagado siempre, puntualmente, las 14 pagas al año correspondientes a todos los pensionistas. “Lo peor no es que buena parte de la sociedad carezca de esta información, sino que aquella de la que dispone es errónea y distorsiona la realidad”, expresan.

¿Qué puede hacer el Pacto de Toledo?

Según expresan Chuliá y Herce en el documento, el Pacto de Toledo debería y podría constituir la columna vertebral de la reforma de las pensiones que, de acuerdo con la mayoría de los expertos nacionales e internacionales, necesita España para evitar que el gasto en pensiones aumente hasta niveles que pongan el riesgo el crecimiento económico, el bienestar de los pensionistas, la cohesión generacional y la atención a necesidades sociales que también ha de satisfacer el Estado del Bienestar español.

Sin embargo, no es tan sencillo como debería. Según desprende el informe, los partidos con responsabilidad de gobierno y también los que componen la oposición declinarán proponer individualmente esa reforma necesaria mientras teman recibir por ello ataques de sus adversarios políticos y castigos de los votantes. Por ello, los autores demandan que la Comisión del Pacto de Toledo debería ser el espacio de ese acuerdo y compromiso interpartidistas, pero admiten que difícilmente podrá serlo mientras conceda poder de veto a cualquiera de los grupos parlamentarios y avale solo las decisiones unánimes. Por tanto, el Pacto de Toledo debería revisar las reglas en virtud de las cuales aprueba sus Recomendaciones.

Con todo, su contribución no se limitaría a la generación de ese consenso, puesto que, una vez alcanzado, sería preciso –además de conseguir el respaldo de la mayor parte de los agentes sociales– impulsar un debate público para explicar a la sociedad la situación actual del sistema de pensiones, las razones de la reforma, sus objetivos y las opciones que mejor combinan eficiencia y justicia para lograrlos.

Esta campaña institucional de información sobre la reforma de las pensiones es un objetivo que desde El Foro de Expertos del Instituto BBVA tachan de decisivo.

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