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Las pensiones después de la pandemia: ¿hay razones para preocuparse?
15:30 | 31/05/2021
  • Desde el punto de vista del Foro de Expertos de BBVA, la situación de las pensiones, lejos de mejorar, parece haber empeorado, sobre todo, si tenemos en cuenta los efectos de la pandemia en nuestra economía
  • La propuesta ministerial parte de que es posible seguir manteniendo el poder adquisitivo de las pensiones y una tasa de sustitución media tan elevada como la actual (en torno al 70%), revocando la reforma de las pensiones de 2013
  • La reforma que está diseñando está basada, principalmente, en tres cambios: la eliminación de algunos "gastos impropios", aumentar la actividad laboral de los mayores e implantar un nuevo sistema de cotización para los autónomos
Por Futuro a Fondo

El ministro Escrivá sostiene que el sistema español de pensiones públicas es sostenible sin necesidad de efectuar recortes, porque, según la Comisión Europea, la reciente estimación del aumento del gasto en pensiones sobre el PIB en el futuro es menos desfavorable que la realizada en el pasado. Una afirmación con la que el Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones no está de acuerdo, tal y como ha manifestado en su documento: “Las pensiones después de la pandemia: ¿sin razones para la preocupación?

“Desde nuestro punto de vista, la situación, lejos de mejorar, parece haber empeorado, sobre todo, si tenemos en cuenta los efectos de la pandemia en nuestra economía. De hecho, la propia AIReF aumentó sus previsiones de gasto en pensiones en un punto porcentual del PIB para 2050 –de 13,2% a 14,2% del PIB– en sus últimas previsiones de 2020 respecto a las de 2019”, advierte el grupo de expertos.

La propuesta ministerial parte de que es posible seguir manteniendo el poder adquisitivo de las pensiones y una tasa de sustitución media tan elevada (en comparación internacional) como la actual (en torno al 70%), revocando, por tanto, de forma definitiva, la reforma de las pensiones de 2013. Europa, según el ministro, habría entendido finalmente que mantenía una visión equivocada sobre las perspectivas financieras de la Seguridad Social, y que las proyecciones del gasto en pensiones hasta ahora manejadas adolecían de un sesgo pesimista.

La reforma de Escrivá

Disuelto este “malentendido”, el Gobierno descarta que las autoridades europeas impugnen la reforma que está diseñando basada, principalmente, en tres cambios.  

El primero, ya implementado, consiste en definir como “impropios” algunos gastos del sistema y trasladar progresivamente el déficit del sistema de pensiones, causado por estas partidas, a los Presupuestos Generales del Estado, al tiempo que se desvían progresivamente cotizaciones del sistema de desempleo al de pensiones. De este modo, a pesar del impacto de la recesión de la COVID-19, el ministro prevé que las cuentas de la Seguridad Social se equilibren alrededor de 2023.

El segundo cambio, consiste en una serie de propuestas destinadas a aumentar la actividad laboral de los mayores. El ministro confía en conseguir, mediante penalizaciones reforzadas a la jubilación anticipada y nuevos incentivos a la jubilación demorada, así como la eliminación de las cláusulas en convenios de jubilación forzosa (por razón de edad), que una fracción relevante de los trabajadores permanezca en el mercado de trabajo más allá de la edad de jubilación legal, lo que redundaría tanto en un aumento de los recursos del sistema como en un acortamiento del periodo de jubilación.

Un tercer cambio, que también se está negociando con los agentes sociales, pivota sobre un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos, con el fin de evitar que sigan cotizando deliberadamente por bases bajas, obligándoles a hacerlo por bases más ajustadas a sus ingresos (netos) reales (efectivos).

En opinión del ministro, estas propuestas de la denominada “modernización del sistema de la Seguridad Social” que propone el Gobierno equilibran los objetivos de contributividad y solidaridad, garantizando pensiones suficientes, sostenibles y equitativas. En cambio, según se recuerda en el documento del Foro de Expertos de BBVA, el déficit de la Seguridad Social en 2020 supera los 35.000 millones de euros. Las previsiones indican que el empleo no se recuperará de la crisis de la pandemia al menos hasta 2023, mientras que el número de pensiones seguirá creciendo a buen ritmo como en los últimos años (salvo 2020), así como el valor de las nuevas pensiones. Además, cuando las nuevas penalizaciones a la anticipación de la jubilación y los incentivos a su demora surtan efecto, los baby boomers ya estarán entrando al sistema de jubilación masivamente y neutralizando estos efectos.

En este sentido, el foro de expertos considera que las nuevas medidas propuestas suscitan dudas en su efectividad sobre la sostenibilidad y que habrá que ver los números finos de las mismas.

En relación a las penalizaciones a la jubilación anticipada y bonificaciones a la jubilación retardada, las propuestas de reforma se ciñen a la relación con amplios periodos de cotización por parte de los trabajadores, mientras que diferentes análisis técnicos han puesto de manifiesto que el desequilibrio actuarial está muy relacionado con escenarios en los que el número medio de años de cotización es sensiblemente menor.

La propuesta de premiar el retraso de la jubilación con un cheque, de hasta más de 12.000 euros por año, en la que el trabajador podría optar por este pago único frente al aumento vitalicio de hasta un 4% de la pensión mensual (también por cada año de demora), es una propuesta que los expertos definen como “sagaz”, ya que permite visualizar a los trabajadores de forma más fácil los beneficios a largo plazo del 4% de mejora vitalicia en la pensión. “Mientras el valor de ese incentivo para los trabajadores serían esos 12.000 euros del cheque o unos 33.000 del 4% de por vida, el ahorro por la pensión del año que no se jubila es de casi 38.000 euros (tras la edad legal tampoco pagarían cotizaciones por contingencias comunes). El nuevo incentivo resulta muy desequilibrado para los trabajadores que decidieran beneficiarse del mismo”, concluyen.

Respecto al impacto de las propuestas de actualización de las pensiones con el IPC, la masa total de pensiones puede situarse en 150.000 millones de euros al año. La actualización en 1 punto porcentual de esta masa costaría 1.500 millones de euros. Esta actualización se consolidaría para cada cohorte de pensionistas de cada año hasta que causaran baja en el sistema, lo que representa unos 15.000 millones de euros cada año en valor actual.

“La adopción de un mecanismo de compensación de las actualizaciones en años de inflación negativa contra la actualización de los años inflacionarios posteriores representaba una propuesta de automatismo simétrico muy razonable. No obstante, el ministro ha tenido que renunciar ante el rechazo de los agentes sociales”, explican.