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Los jubilados reciben de media un 51% más de lo que deberían percibir del sistema contributivo
10:00 | 02/09/2020
  • El sistema de cálculo de las pensiones contributivas de jubilación vigente presenta inequidades, lleva a arbitrajes y arriesga su viabilidad futura
  • La equidad actuarial podría garantizar la coherencia entre el total de lo que aporta cada individuo al sistema de pensiones durante su vida laboral y lo que recibe del mismo tras acceder a la jubilación
  • El IAE insta a los poderes públicos y al poder legislativo a tomar decisiones estratégicas lo antes posible, en base a la suficiencia y sostenibilidad del sistema y al patrón de equidad actuarial que ha de aplicarse
Por Futuro a Fondo

La arquitectura actual del sistema contributivo de pensiones de jubilación en España implica que, en la gran mayoría de los casos, el pensionista recibe más de lo que ha aportado en su vida laboral, financiándose la diferencia a través de impuestos o más deuda pública. También muestra importantes inequidades a la hora de comparar los distintos casos que se presentan de pensionistas que se han jubilado a una determinada edad según sus años cotizados ya que no existe un criterio equitativo para adelantar o retrasar la edad de jubilación.

Estas son dos de las principales conclusiones que se desprenden del exhaustivo informe "Factor de Equidad Actuarial del sistema contributivo de pensiones de jubilación español" presentado por el Instituto de Actuarios Españoles (IAE). Se trata del segundo informe elaborado por el organismo en el marco de la monitorización de la Seguridad Social española que inició en 2019.

Gregorio Gil de Rozas, Actuario Colegiado, vocal de la Junta de Gobierno del IAE y responsable de Pensiones del IAE, señala que “este estudio se ha llevado a cabo con el objetivo de analizar la relación entre las cotizaciones realizadas por un individuo y las prestaciones que recibe como pensión de jubilación en su parte contributiva, facilitando información exacta y veraz tanto a los ciudadanos como a las autoridades que tienen que tomar decisiones en la materia, en el preciso momento en el que se encuentran rediseñando los Acuerdos del Pacto de Toledo para sacar adelante la tan ansiada reforma de las pensiones”.

Para ello, tal y como indica Gil de Rozas: “El IAE, ha definido y aplicado el concepto de Factor de Equidad Actuarial (FdEA), que permite poner en relación el valor actuarial de lo que, en conjunto, recibe una persona como jubilada y el valor actuarial de lo que, en conjunto, aportó como trabajador. El valor promedio ponderado que arroja el informe en el escenario de bases medias es de 1,51, lo cual implica que el sistema contributivo de jubilación devuelve un 51% más de lo que recibe; teniendo que financiarse esta diferencia bien a través de impuestos, bien a costa de incrementar la deuda pública

Para poner en contexto la situación, un FdEA inferior a 1 denota un sistema de pensiones en el que el jubilado percibe una prestación que, en valor actual actuarial, es inferior a lo que aportó. Si el FdEA es igual a 1 encontramos lo que técnicamente se denomina un sistema de pensiones “actuarialmente justo”: el valor actual actuarial de la pensión que percibe el jubilado coincide con el de las aportaciones que realizó al sistema. Finalmente, un FdEA superior a 1 indica que nos encontramos ante un sistema de pensiones generoso en términos relativos, en el que la persona recibe, en valor actual actuarial, más de lo que aportó. 

Si utilizamos un escenario con un perfil de cotizaciones cóncavo, similar al de la evolución tipo de los salarios, el resultado es aún más llamativo, ya que el valor promedio del FdEA se situaría en 1,89.

Inequidades del sistema

El informe del IAE muestra que el sistema presenta también inequidades difíciles de entender. Por ejemplo, este año, una persona que acumulase 38 años cotizados a los 65 años podría jubilarse a dicha edad. Sin embargo, si decidiese prolongar su vida activa hasta los 69 años, acumulando 42 cotizados, se beneficiaría de un premio del 4% por cada año de demora. Una persona con 65 años y 37 años cotizados que decidiese seguir trabajando un año más que en el ejemplo anterior, hasta los 70 años y acumulando 42 cotizados, sólo recibiría un premio del 2,75% por cada año demorado. 

Nos encontramos, pues, con que el premio recibido por retirarse un año más tarde, incluso aunque, como en este ejemplo, los años cotizados resultantes fuesen los mismos (42), sería inferior al premio de quien se jubiló con un año menos. El modelo presenta, por tanto, inequidades, lleva a arbitrajes y se está poniendo en peligro a sí mismo.

Como explica Enrique Devesa, Actuario Colegiado y coordinador técnico del Estudio, "como norma general, se aprecia que los mayores valores del FdEA se alcanzan para edades de jubilación intermedias, entre los 65 y 67 años, y con un número bajo de años cotizados, entre 33 y 37. Esto parece indicar que no existen incentivos suficientes para adelantar ni para retrasar la edad de jubilación, lo que se traduce en que las penalizaciones por adelantarla y las bonificaciones por retrasarla están mal calibradas. Tampoco parece haber demasiados incentivos para aumentar el número de años cotizados".

El camino hacia la solución

Los autores del informe consideran que se podrían resolver las inequidades que presenta el sistema contributivo de pensiones y conseguir una relación más equitativa entre aportaciones y prestaciones actuando sobre tres elementos: el tope del 100% del coeficiente por años cotizados, las elevadas penalizaciones por anticipar la edad de jubilación y las bajas bonificaciones por retrasar la edad de jubilación.

Con esto, y haciendo que, al menos, la escala por años cotizados respondiera a un cálculo actuarial y sin el límite superior del 100% -si bien sería lógico que el tope de la pensión máxima siguiera funcionando-, se podría mantener el sistema actual.

Respecto a la edad de jubilación, bastaría con que las penalizaciones y bonificaciones por jubilación a edades distintas de la ordinaria se calcularan de forma actuarialmente neutral -excepto por género- sin hacerlas depender de los años cotizados. 

El informe del IAE indica que hay margen de mejora para calibrar el sistema y hacerlo más equitativo. Para ello, en materia de pensiones, los poderes públicos y legislativos deberían tomar dos decisiones estratégicas:

La primera se basa en que, si existe la posibilidad de que la economía crezca por encima del 1,59%, el sistema mejoraría su sostenibilidad sin empeorar la suficiencia. Para ello, habría que detallar las medidas que se van a tomar para conseguir un mayor crecimiento del PIB. El valor real del PIB que permitiría obtener la equidad actuarial en el sistema de pensiones es del 5,67% durante los próximos 40 años, cifra muy superior a todas las previsiones realizadas por las distintas instituciones sobre el crecimiento de nuestra economía.

También se puede alcanzar un FdEA más bajo, incrementando el tipo de cotización, si bien es conocido el problema que esto podría trasladar al mercado laboral. 

La segunda decisión afecta a las inequidades del sistema y su nivel. Por ello, sería necesario acordar el patrón lógico que debe seguir el sistema de pensiones a la hora de incentivar o desincentivar las jubilaciones en función de la edad biológica y los años cotizados al sistema, cómo queremos que el sistema "fluya" y posteriormente acordar cuáles son las irregularidades o rugosidades dentro de ese patrón que se consideran justas y/o necesarias y/o aceptables.

Dos grandes decisiones que, además, deben estar adecuadamente informadas para que quien las tome y la propia sociedad sean plenamente conscientes de las consecuencias.

El análisis del IAE concluye que el conjunto de estas dos decisiones permitirá a todos los agentes relacionados juzgar la política de pensiones desde parámetros mensurables y estimaciones de impacto que pueden contrastarse con la realidad año a año, para así observar en qué medida el sistema responde a lo esperado de él o se desvía.  

Para Rafael Moreno, presidente del Instituto de Actuarios Españoles "el asesoramiento técnico independiente que nuestra Corporación de Derecho Público, de ámbito científico y profesional, puede proporcionar es un elemento clave a la hora de evaluar la equidad de los sistemas contributivos de pensiones y su sostenibilidad a largo plazo; equidad y sostenibilidad que, en el caso del sistema público, han de ser compatibles con el principio de redistributividad de rentas que desempeña. Un proceso de toma de decisiones que se apoye en los instrumentos actuariales que proponemos contribuiría a un debate más sosegado y eficiente sobre el sistema público de pensiones. Por eso, desde el IAE animamos a las administraciones públicas y a la clase política española a incluir estos instrumentos en los análisis que se realizan en esta relevante materia, elaborados por actuarios expertos en este ámbito, y a considerar su juicio profesional en la formulación de propuestas de modificación del sistema".

Desde el organismo, tras evaluar los resultados del informe, se concluye que un sistema contributivo de pensiones propio del siglo XXI, racionalmente diseñado para responder a los retos y necesidades de su tiempo, debe garantizar que trabajar más tiene premio y trabajar menos supone un coste. Un sistema que hace lo contrario se está poniendo en peligro a sí mismo pues, en un marco incuestionado de desplazamiento de la longevidad de las personas, está provocando una tensión innecesaria en el sistema por la vía de acortar las carreras laborales y alargar las carreras pensionadas.

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