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El impacto del COVID-19 en las pensiones
12:30 | 07/05/2020
  • Los expertos consideran que los ceses de actividad pueden ser perjudiciales tanto para los derechos futuros de los trabajadores como para la sostenibilidad instantánea del sistema de pensiones
  • Desde el foro de expertos se preguntan si la situación que se dio entre 2008 y 2013, donde se secó el fondo de reserva español debido a la crisis, es comparable a la actual.
  • Para los expertos, la posibilidad que tienen los asalariados y trabajadores autónomos de movilizar sus ahorros previsionales de sus cuentas de jubilación de empleo o personales para hacer frente a sus problemas de liquidez desde ser cuidadosamente considerada
Por Futuro a Fondo

El Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones ha elaborado un decálogo de preguntas y respuestas sobre el posible impacto de la emergencia sanitaria en los sistemas de previsión social. Estas son algunas de las respuestas de los expertos, las cuales contemplan temas como la renta básica, la capacidad de respuesta de los fondos de reserva o el efecto de la pérdida de empleo en las pensiones. 

En cuanto a las consecuencias económicas generales del COVID-19, la respuesta de los expertos del Instituto es clara: “cada semana de confinamiento con una actividad agregada al 50% supone un coste equivalente a un punto del PIB”. Asimismo, consideran que, junto a la caída de ingresos de trabajadores, hogares, empresas y el sector público, se producirán disrupciones en las cadenas de pagos y capital circulante, en las de producción y el en el comercio internacional. “La pandemia tiene efectos iniciales similares a los de un desastre natural”, comparan. En este sentido, los expertos insisten en que la incertidumbre sobre la duración del confinamiento, las caídas de la actividad, la gradualidad en el levantamiento de las restricciones, las secuelas en el tejido productivo, la forma de recuperación (en V, U o L), la efectividad de las políticas adoptadas o sobre si habrá un segundo rebote de la pandemia, hacen que sea imposible realizar predicciones con un mínimo de precisión. “Todos los indicios apuntan a una severa e intensa contracción global”, añaden.

¿Cómo afectarán los episodios de desempleo a los derechos de pensión de los trabajadores?

Los expertos consideran que los ceses de actividad pueden ser perjudiciales tanto para los derechos futuros de los trabajadores como para la sostenibilidad instantánea del sistema de pensiones. Estas consecuencias pueden verse incluso agravadas si la situación de desempleo se enquista y que con ello afloren otras muchas consecuencias como la pérdida de empleabilidad, las re-entradas de baja calidad salarial y laboral, empeoramiento del estado de salud físico y sociológico tanto de los trabajadores como de sus familias.  

Asimismo, los expertos consideran que el impacto en las carreras laborales puede poner en riesgo una adecuada reanudación de estas afectando a los derechos futuros y al propio crecimiento del capital humano propio, que a menudo está vinculado a un desempeño laboral persistente en tareas homogéneas, lo que determina a su vez el curso de los salarios y honorarios de los trabajadores. Por otro lado, creen que para los jóvenes puede suponer oportunidades inesperadas para iniciar nuevas carreras más prometedoras. Sin embargo, tienen claro que, en las condiciones actuales, la recualificación de los trabajadores afectados por estas interrupciones deberá ser una prioridad para las instituciones del mercado de trabajo y formativas.

En tercer lugar, recuerdan que el impacto aludido depende del diseño del sistema laboral y de pensiones. “En la mayoría de los países de la OCDE, los periodos de inactividad episódicos por causas objetivas (permisos parentales, enfermedad, desempleo) están cubiertos por “créditos o puntos de pensión” dentro de ciertos límites o condiciones (formación, activación y búsqueda de empleo) y, en general, no afectan excesivamente a la pensión final”, explican. Sin embargo, recuerdan que la efectividad de estos mecanismos dependerá de la duración y frecuencia de los episodios de inactividad, las bases de cotización del trabajador y el sistema de totalización de estas.

¿Cuán de importantes son los Fondos de Reserva de La Seguridad Social para afrontar cambios económicos y demográficos estructurales o disrupciones repentinas como las del COVID-19?

Según los expertos, la pandemia tendrá impactos a corto, medio y largo plazo tanto en los activos provisionales (segundo y tercer pilar) como en la financiación de los compromisos de pagos corrientes y futuros de la Seguridad Social. Este impacto se deberá a los recortes en las aportaciones y cotizaciones, el elevado desempleo, el menor empleo, menos actividad económica general, jubilación anticipada acrecentada y la mayor incidencia de la jubilación por incapacidad permanente.

Según explican, los fondos de reserva públicos son incapaces de garantizar la integridad de los pagos de prestaciones en presencia de perturbaciones severas o duraderas, e insisten en que menos aún ante cambios demográficos de gran calado. Sin embargo, consideran que pueden ser muy útiles frente a los cambios del ciclo económico hasta que vuelva a su fase expansiva. Pero, el COVID-19 puede tener un efecto duradero fuertemente recesivo en el corto plazo y/o extenderse por un periodo más largo de lo previsto. En este sentido, desde el Instituto de BBVA se preguntan si la situación que se dio entre 2008 y 2013, donde se secó el fondo de reserva español debido a la crisis, es comparable a la actual.

¿Son los Mecanismos de Ajuste Automático (MAA) de los sistemas de pensiones útiles en el momento actual?

Según relatan los expertos, son pocos los sistemas de pensiones de Seguridad Social en el mundo los que tienen en su ordenamiento suficientes MAA como para exhibir que sus prestaciones sean sostenibles a lo largo del tiempo. “Por la sencilla razón de que estos mecanismos no son populares y, por ello, pasan difícilmente a los procesos políticos y legislativos”, explican. Los que sí pasan el proceso, están diseñados para soportar procesos de cambio productivo, económico y demográfico, de manera que los ajustes en el balance de cotizaciones y prestaciones de los sistemas no afecten demasiado ni a los trabajadores ni a los pensionistas, ya que sus efectos pasan, generalmente, por un ajuste a la baja de las pensiones si estas han de pagarse por periodos cada vez más largos. 

En este sentido, los expertos insisten en que los MAA deben complementarse con elementos adicionales que mitiguen sus efectos aportando rentas vitalicias de jubilación complementarias. “Estos mecanismos deberían adaptar los sistemas de pensiones ante los cambios estructurales de las fuerzas económicas y demográficas, pero, sin dejar de cumplir una función estabilizadora, y no responder puntualmente a las condiciones cíclicas y/o transitorias”, aclaran en el documento.

El COVID-19 ha obligado a un parón repentino, algo que tendrá enormes consecuencias presupuestarias en todos los programas de bienestar. “Dada la incertidumbre actual acerca de las consecuencias económicas de la pandemia, las consecuencias presupuestarias no deberían desencadenar una respuesta automática de los MAA”, opinan.

En España el MAA explícito es el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), el cual se había suspendido mucho antes de la llegada del coronavirus a causa de la incidencia que tenía en el valor de las pensiones. Los expertos también recuerdan que los MMA deben actuar tanto como limitadores del gasto tanto como para generar recursos adicionales. “Los MMA hacen explícitos tanto los beneficios como los costes, presentes y futuros, de los aumentos discrecionales de las pensiones y, una vez adoptados, puede activarse con escaso retraso administrativo y político. La visión convencional de los MAA podría, y quizá debería, cambiar a mejor después del COVID-19”, advierten.

¿Debería dotarse de mayor flexibilidad y mecanismos para compartir riesgo a los planes de pensiones y productos previsionales similares cuando los mercados financieros están a la baja?

Para los expertos, la posibilidad que tienen los asalariados y trabajadores autónomos de movilizar sus ahorros previsionales de sus cuentas de jubilación de empleo o personales para hacer frente a sus problemas de liquidez debe ser cuidadosamente considerada. “Liquidar parte de esos ahorros cuando los mercados están a la baja significa materializar en el bolsillo propio pérdidas que ahora solo están sobre el papel, unido esto al pago de impuestos correspondientes a la parte hecha líquida”, advierten.

Asimismo, recuerdan que acceder a estos ahorros puede reducirlos de forma significativa hasta el punto de comprometer las rentas futuras, especialmente de grupos vulnerables inadecuadamente cubiertos por las pensiones públicas y desprovistos de otro tipo de ahorros o activos. “Este es un momento de una cuidadosa planificación financiera”, concluyen.

¿Deberían adoptarse ahora, transitoria o permanentemente, esquemas de “renta básica” a fin de proteger a los pensionistas menos favorecidos?

El COVID-19 y la pobreza que ha traído a muchos hogares ha puesto de nuevo sobre la mesa la posibilidad de implementar una renta básica. Desde el Instituto de BBVA consideran que esta crisis ha afectado en menor medida a aquellos cuyas rentas proceden del estado, es decir, pensionistas y funcionarios, y dudan de que una renta básica pueda ofrecerles mayor protección de la que ya les brinda el Estado de Bienestar en su configuración actual. “Quienes sí necesitarían un mayor respaldo estatal para disponer de unos ingresos mínimos que les permitan cubrir no solo los gastos propios, sino también los de las personas que dependen de ellos, no son principalmente los pensionistas, sino las personas que extraen sus rentas del mercado de trabajo, asalariados o autónomos que no logran que estas alcancen un nivel suficiente para cubrir sus necesidades”, explican. Mientras los expertos consideran obvio que el Estado les ayude, no creen que una renta básica sea una solución tan obvia debido a su ambigüedad.

“En una época en la que los avances en análisis de la realidad social y de la gestión pública permiten el tratamiento de la diversidad de situaciones y necesidades, una prestación de naturaleza universal o cuasiuniversal, como la renta básica, no parece el expediente más justo ni efectivo para combatir situaciones de pobreza o necesidad”, explican. En su opinión, lo más adecuado sería racionalizar y enfocar mejor los programas de apoyo a las rentas que ya existen con soluciones transitorias que protejan a los damnificados por esta crisis.

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