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Tras semanas de incertidumbre /
El Gobierno contradice al Supremo y aprueba un decreto ley para que el cliente no vuelva a pagar el impuesto de las hipotecas
09:30 | 07/11/2018
  • Facua ha acusado al sector financiero de difundir mensajes "engañosos y alarmistas" para no tener que asumir el impuesto, mientras que Adicae califica la decisión de "anómala y extraña", y avanzaba su intención de impugnarla "en España y en Europa"
  • De haberse mantenido que era la banca la que debía hacerse cargo de la tasa, las comunidades autónomas se habrían enfrentado a un impacto que técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) cifraron en 3.631 millones de euros
  • Las patronales bancarias, AEB, CECA y Unacc, han destacado que la decisión adoptada por el Supremo preserva la seguridad jurídica necesaria para el buen funcionamiento del mercado
Por Ana Llorens

Apenas unas horas después de que el Tribunal Supremo fallara a favor de la banca en el polémico debate sobre quién, banca o cliente, debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) en los préstamos hipotecarios, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido para anunciar que cambiará la ley para que sea la banca y no el cliente el que deba pagar este tributo. "Nunca más los ciudadanos pagará este impuesto. El poder jurídico ha hablado y ahora habla el poder Ejecutivo", ha dicho Sánchez.

Según ha explicado Sánchez, la medida se llevará a cabo mediante un real decreto ley, que aprobará este jueves el Consejo de Ministros y que deberá contar posteriormente con el visto bueno del resto de grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. "El poder jurídico ha hablado, ahora habla el poder Ejecutivo y en las próximas semanas esperemos que reciba el respaldo del Congreso de los Diputados"

En palabras de Sánchez, "la voluntad del Gobierno es garantizar la seguridad jurídica" en pos de la ciudadanía, motivo por el cual ha destacado su compromiso por "garantizar un escenario previsible y estable del interés de todos los operadores implicados", y ha anticipado la creación de una autoridad independiente que vele por los derechos de los clientes. 

Una fallo judicial cargado de críticas

El Tribunal Supremo acordó, tras semanas de incertidumbre, que los clientes continúen asumiendo el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, tal y como había mantenido hasta el pasado 16 de octubre. Ese día, tres sentencias establecieron que tenía que ser la banca -el prestamista-, y no el cliente -el prestatario-, el que se hiciera cargo de este impuesto al considerar que eran las entidades las interesadas en inscribir la operación y elevarla a escritura pública.

Poco días después, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, explicaba que las sentencias que atribuían a la banca el impuesto de las hipotecas eran "firmes y no susceptibles de revisión", produciendo plenos efectos en relación con las partes en litigio". El fallo le costaba a los bancos la pérdida de 5.000 millones de euros de cotización bursátil en un solo día, y obligaba al presidente de la sala de lo contencioso-administrativo, Luis María Diez Picazo, a convocar un pleno extraordinario.

Tras casi 16 horas de deliberaciones y un agrio debate, por 15 votos contra 13 el pleno ha decidido finalmente desestimar los recursos planteados y volver al criterio según el cual el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos hipotecarios es el prestatario.

Críticas de las asociaciones de consumidores

Las asociaciones de consumidores han ciriticado el fallo del Supremo. Facua ha acusado al sector financiero de difundir mensajes "engañosos y alarmistas" para no tener que asumir el impuesto, mientras que Adicae califica la decisión de "anómala y extraña", y avanzaba su intención de impugnarla "en España y en Europa".

De haberse mantenido que era la banca la que debía hacerse cargo de la tasa, las comunidades autónomas, que son las que lo han recaudado porque se trata de un impuesto transferido, se habrían enfrentado a un impacto que técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) cifraron en 3.631 millones de euros. Una cuantía que supone el importe abonado por 1,5 millones de contribuyentes en los últimos cuatro años, esto es, el período no prescrito fiscalmente.

La banca dice que así se preserva la seguridad jurídica

En cuanto a las entidades financieras, las patronales bancarias, AEB, CECA y Unacc, han destacado que la decisión adoptada por el Supremo preserva la seguridad jurídica necesaria para el buen funcionamiento del mercado.

En un comunicado conjunto, inciden en que el Tribunal Supremo ha confirmado que, como venía ocurriendo hasta ahora y de acuerdo con la normativa vigente durante más de 20 años, el sujeto pasivo del impuesto en la constitución de hipotecas es el prestatario, es decir, el cliente.

 

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