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Reflexiones post coronavirus del IEB /
El desafío del pago de las pensiones públicas y el coronavirus
12:30 | 12/05/2020
  • Jesús Pérez, profesor del IEB, recuerda que ya partíamos de una situación de déficit crónico de financiación del sistema de pensiones público
  • El incremento progresivo de los salarios, lo que ha supuesto mayores cotizaciones sociales de personas que ahora se van a jubilar con mayores pensiones que habrá que financiar, es uno de los factores que debilita al sistema
  • Pérez advierte de que se hace más necesario que nunca la reformulación del sistema público de pensiones y cree que la situación económica en la que ha derivado la pandemia puede facilitar el consenso político
Por Futuro a Fondo

El sistema público de pensiones español es un sistema de reparto, lo que implica que los trabajadores actuales pagan las pensiones de los jubilados con sus cotizaciones. Sin embargo, en la práctica, el sistema se ha visto afectado por numerosos factores que han hecho que se encuentre en una situación de déficit crónico. A esto, según ha señalado Jesús Pérez, profesor del IEB y consultor en Actuarios y Servicios Financieros, hay que añadirle los efectos del COVID-19, los cuales han acentuado los desafíos que ya estaban presentes.

“En la medida que de las catorce pagas de jubilación el sistema de trabajadores activos con sus aportaciones puede pagar doce, por lo que las otras dos pagas son con cargo a préstamos que periódicamente se venían haciendo desde los Presupuestos Generales del Estado, es decir, mediante la financiación desde impuestos y no de cotizaciones sociales, al ser éstas insuficientes para sostener el sistema de pensiones público”, explica.

Las fuentes de vulnerabilidad del sistema público de pensiones

Según el experto, hay varios factores que contribuyen a debilitar el sistema de pensiones. Uno de ellos es la tasa de paro, la cual, según indica, hasta febrero de 2020 estaba en el 13,8% y con la crisis del coronavirus se estima que se puede elevar hasta el 18%/20%.

Por otro lado, que el porcentaje de nóminas públicas (funcionarios, jubilados, y beneficiaros por desempleo) sea superior al de nóminas privadas, siendo este último el que sostiene al anterior, es otro de los elementos que, según el experto, contribuye a la vulnerabilidad del sistema.​

Asimismo, señala el incremento progresivo de los salarios, lo que ha supuesto mayores cotizaciones sociales de personas que ahora se van a jubilar con mayores pensiones que habrá que financiar. Esto, sumando a la competitividad y productividad de la economía limitada muy basada en el sector servicios.

La evolución de la demografía es otro de los factores a tener en cuenta. Según indica, llevamos varios años con tasas de crecimiento vegetativo negativas y una longevidad creciente, la esperanza de vida se acerca a los 90 años.          

El experto también destaca la previsión creciente del número de pensionistas en los próximos años debido a la jubilación de la generación “baby boom”, una generación que comenzará a jubilarse a partir de 2021. “Esto somete a una presión extra al sistema de financiación de reparto”, detalla.

La revalorización anual de las pensiones públicas, hasta ahora por encima de IPC, las condiciones de acceso a la jubilación laxas (entre ellas la edad efectiva de jubilación), a pesar de alargar la edad de jubilación y la no activación del factor de sostenibilidad de las pensiones públicas y desactivación del índice de revalorización de las pensiones existente hasta 2018, son otros de los factores que el profesor apunta.

Por último, señala a la concentración excesiva del ahorro de las familias en activos inmobiliarios que llega a ser entorno al 70%, poco líquidos y cuyo precio está asociado al devenir del país –principalmente al poder adquisitivo de España-, en comparativa con el bajo ahorro en instrumentos financieros líquidos y diversificados internacionalmente (fondos de inversión, planes de pensiones, seguros de ahorro, etc.).

Las medidas del Gobierno

Por otro lado, y debido a la situación devenida por la pandemia de coronavirus, el experto señala dos de las principales medidas que ha tomado el Gobierno de España y sus consecuencias.

La primera que recuerda es la posibilidad de las empresas de realizar ajustes temporales de plantilla a través de la flexibilización de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Así, los que sean causados por la crisis del coronavirus serán considerados de fuerza mayor y los trabajadores tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido.

“El cobro de esa prestación no les computará de forma negativa a efectos del cobro posterior de la prestación por desempleo. Además, en estos se exonerará al empresario de la aportación empresarial de las cuotas de la Seguridad Social, condición necesaria en estos procedimientos de tipo ordinario y que agranda la merma de ingresos y disminuye aún más la capacidad recaudadora del Sistema de Seguridad Social”, explica.

Por otro lado, señala a las ayudas para trabajadores autónomos. “Otro de los aspectos que tendrán efecto negativo en forma de reducción de los ingresos de la Seguridad Social es la flexibilización para el colectivo de los autónomos en el acceso al cese de actividad para que puedan cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica. Una medida que, por un lado, implica un gasto extra para la Seguridad Social a la hora de otorgar el conocido como paro de los autónomos, y por otro lado supone que la Seguridad Social deja de recibir la cuota de cotización de los autónomos”, detalla.

El desembolso en pensiones para el conjunto del año se espera que supere los 135.000 millones de euros

Sólo con estas dos medidas comentadas Pérez destaca que el préstamo previsto de 13.000 millones de euros de la Administración Central a la Seguridad Social para el pago de pensiones en 2020 se quedará corto para hacer frente a un desembolso en pensiones que para el conjunto del año se espera que supere los 135.000 millones de euros, lo cual “supondrá más desvío del déficit público con la consiguiente emisión de más deuda pública y de previsible subida de impuestos”, añade.

“Con todo lo anterior, se hace más necesario que nunca la reformulación del sistema público de pensiones, de forma que tal vez esta situación de crisis del sistema económico en la que ha derivado la pandemia del coronavirus, va a “facilitar” el consenso político en la toma de decisiones importantes en cuanto a la financiación del sistema público de pensiones, y que hasta ahora no se había “atrevido“ ningún gobierno a formular”, apunta.

Entre estas decisiones, Pérez explica que está la puesta en funcionamiento, de entre otras, algunas medidas ya anunciadas, pero no activadas como son:

El alargamiento de la edad legal de jubilación, de forma que la edad legal de 67 años de acceso a la jubilación previstos para 2027 se hagan efectivos antes. Limitar la laxitud de acceso a la jubilación mediante la puesta en marcha de los porcentajes reductores de la base reguladora de la pensión, con el fin de elevar la edad media efectiva de acceso a la pensión de los 64 años y cinco meses actuales a los 67 años indicados anteriormente.

Asimismo, aumentar el cómputo de años de cotización activa a considerar para el cálculo de la pensión. Pérez ve necesario informar a los cotizantes de la pensión pública estimada cuando se jubilen, de esta forma el trabajador podrá realizar su ahorro privado buscando complementar la pensión pública de forma más cierta que ahora, al igual que activar el mecanismo del factor objetivo de sostenibilidad de las pensiones públicas, asociado a la longevidad y el índice de revalorización de las pensiones, no por encima del IPC.

Otra de las medidas que se plantean es hacer obligatorio el segundo pilar del ahorro-previsión, es decir, sistemas de pensiones de empleo, como ocurre en países de nuestro entorno. Asimismo, destaca la necesidad de diversificar más el ahorro de las familias hacia vehículos financieros líquidos en contraste con la actual concentración del ahorro de las familias en vivienda, ya que el precio de ésta depende básicamente de la situación económica de España, como hemos visto que ha ocurrido desde la crisis de 2008. Y en general, según expresa, concienciando a los ciudadanos de que deben complementar la pensión pública con ahorro privado financiero.

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