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De 25 a 35 años /
Ampliar el periodo de cálculo de la pensión: ¿qué ventajas y desventajas supone la medida?
21:45 | 28/01/2021
  • Escrivá baraja la posibilidad de ampliar de 25 a 35 el número de años cotizados que se tienen en cuenta para calcular la pensión
  • Las estimaciones apuntan a un ahorro en la nómina de las pensiones de entre el 6% y el 7%, lo que podría ahorrar algo más de 8.000 euros anuales al sistema
  • La ampliación perjudica a aquellos que mantienen carreras profesionales estables o ascendentes hasta la edad de jubilación, pero beneficia a aquellos que son expulsados del mercado laboral años antes de su edad de jubilación
  • Rafael Villanueva (WTW): “Un nuevo incremento nos acercaría a esa práctica predominante y reforzaría la contributividad y sostenibilidad del sistema"
  • Para Méndez Baiges (Mercer), esta medida puede ser “buena y oportuna, junto con otras como la de poner condiciones al percibo de las pensiones que no dependen del periodo cotizado, como el fallecimiento e invalidez permanente, siempre pensando en equilibrar cotizaciones y prestaciones”
Por Sofía Cisneros

Bruselas tiene sus condiciones y, si queremos acceder a las ayudas del fondo de recuperación europeo, España deberá cumplir antes una serie de requisitos. Entre ellos está nuestra asignatura pendiente, resolver el reto de las pensiones.

El sistema se enfrenta a numerosas amenazas que hacen peligrar su situación, como, por ejemplo, la jubilación de los baby boomers o una sociedad más envejecida, con cada vez menos personas en edad de trabajar y más jubiladas. Sin embargo, no se acaban de atajar las reformas de gran calado que necesita el sistema, una línea de actuación muy opuesta a la que demanda la Unión Europea.

La última gran polémica en torno a las pensiones ha sido la propuesta de ampliar el cómputo de años para el cálculo de la pensión de 25 a 35 que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quería incluir en el documento enviado a Bruselas. Finalmente, tras varios desacuerdos, no se ha incluido. Con esta medida se tendrían en cuenta los últimos 35 años de la vida laboral para calcular la pensión. 

Para Antonio Méndez Baiges, abogado en Mercer y miembro de Ocopen, esta medida puede ser “buena y oportuna, junto con otras como la de poner condiciones al percibo de las pensiones que no dependen del periodo cotizado, como el fallecimiento e invalidez permanente, siempre pensando en equilibrar medios (cotizaciones) y fines (prestaciones)”.

A sus ojos, esta medida contribuiría a aproximar algo más cotizaciones y prestaciones. Y se aplicaría a todos por igual, sin discriminaciones. “En algunos casos, como, por ejemplo, carreras con lagunas de cotización o disminuciones de salarios a lo largo de la vida activa, podría incluso ser ventajosa para el pensionista y equitativa con su contribución al sistema. Además, podría aplicarse de forma gradual, por ejemplo, cuando en 2022 se alcancen los 25 años según el actual régimen transitorio, continuar el incremento año a año hasta 2032”, baraja.

De hecho, se trata de una medida que los países de nuestro entorno sí han implementado. Según explica Rafael Villanueva, manager de Retirement en Willis Towers Watson (WTW) en España, los países que sí han adoptado estas fórmulas toman largos periodos de cotización para el cálculo de la pensión, incluso muchos de ellos la vida laboral completa. “Un nuevo incremento nos acercaría a esa práctica predominante y reforzaría la contributividad y sostenibilidad del sistema, si bien es posible que el incremento fuera nuevamente paulatino, en un periodo transitorio, o que se optara por una solución intermedia en la que se ampliaría el periodo de cálculo, pero se pudieran desestimar, por ejemplo, los 5 peores años de cotización dentro de ese periodo”, propone.

De hecho, según relata el experto de WTW, las estimaciones apuntan a un ahorro en la nómina de las pensiones de entre el 6% y el 7%, lo que podría ahorrar algo más de 8.000 euros anuales al sistema. “Sin ser una medida definitiva que resuelva el déficit del sistema por sí sola, sí supone un alivio en un momento crítico para el sistema, por el déficit coyuntural que ha generado la situación derivada del COVID-19 y por estar a las puertas de la jubilación de la generación del baby boom, una cohorte numerosa y que, en media, ha cotizado largas carreras, lo que les otorga amplios derechos de pensión de retiro”, explica.

Perjudica a las carreras estables y ascendentes pero beneficia a los afectados por lagunas de cotización

Tal y como explica Villanueva, la ampliación del periodo de cómputo de 25 a 35 años tiene dos lecturas: perjudica a aquellos que mantienen carreras profesionales estables o ascendentes hasta la edad de jubilación, ya que le incorporan periodos de su vida laboral en los que generalmente se cotiza por bases menores, pero beneficia a aquellos que son expulsados del mercado laboral años antes de su edad de jubilación y que cuentan en esos últimos años con periodos sin cotizar, conocidos como lagunas de cotización, dado que se incorporan periodos sí cotizados.

La desventaja, por tanto, no es para todos los trabajadores, si bien, según relata, las proyecciones apuntan en todo caso a que, en términos netos, supondrá una reducción en la cuantía de la pensión del sistema; un ajuste que, en todo caso, el experto considera que es inevitable dado el reto demográfico al que se enfrenta la sociedad, y que hay que realizar de la manera más adecuada, progresiva y repartida entre las distintas generaciones.

Finalmente, la medida no se ha incluido en el documento que se envió la semana pasada a Bruselas debido al gran rechazo que ha sufrido. Ante esta negativa de algunos sectores de la población el experto de Mecer comenta: “Hay un inmovilismo en gran parte de la sociedad en materia de pensiones suscitado por la aversión a los cambios y a aceptar sacrificios, por muy parciales que éstos sean, necesarios para asegurar la sostenibilidad del sistema, irresponsablemente secundado por algunas fuerzas políticas”.

Sin embargo, Bruselas pide medidas ambiciosas que resuelvan el gran reto al que se enfrenta el sistema español y el experto duda que desde la capital de la Unión Europea se consideren suficientes las propuestas enviadas. Según explica Villanueva, en Europa preocupa el elevado déficit del sistema y la sostenibilidad del mismo, por lo que todo lo que sea cerrar la brecha entre gastos e ingresos será bien recibido por Bruselas, bien por aumento de los ingresos, disminución de gastos o ambos.

“Si bien el aumento del periodo de cálculo de 25 a 35 años acerca la fórmula a la de nuestros países vecinos, Bruselas apunta a tres medidas concretas: acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal; vincular la edad legal a la evolución de la esperanza de vida; y desvincular la revalorización anual de las pensiones del IPC en favor de mecanismos que tengan en cuenta el déficit del sistema, como el derogado IRP. También recomienda fomentar el ahorro complementario anticipando la reducción de la tasa de sustitución de la pensión pública a la que se enfrenta España, que podría reducirse en las próximas décadas, desde el 75% actual al 50%”, explica el experto de WTW.

Las recomendaciones del Pacto de Toledo, alejadas de las necesidades del sistema

Recientemente, las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo vieron la luz, pero muchos expertos consideraron que carecían de la ambición suficiente. Una opinión que comparte Villanueva, ya que considera que a pesar de que en algunos casos parezcan buenas medidas alineadas con las necesidades del sistema, están alejadas de grandes reformas que parece requerir.

Para el experto, parece inevitable seguir avanzando en incrementar la edad de jubilación en un entorno de espectacular incremento de la longevidad o, por lo menos, vincular esta edad a la evolución de la esperanza de vida como pretendía el suspendido Factor de Sostenibilidad. Del lado de los ingresos, considera que también se pueden buscar reformas que incrementen la tasa de actividad y la productividad. Y, en última instancia, avanzar hacia reformas estructurales, como, según ejemplifica, llevar a cabo una transición hacia un sistema de reparto basado en cuentas nocionales, que incrementa la contributividad y la transparencia para el trabajador, flexibiliza el acceso a la jubilación y mejora la equidad actuarial e intergeneracional.

Por su parte, Méndez considera que “tal como han salido del diálogo social, las medidas están muy descafeinadas y desvaídas, sin rigor, sin profundidad”. “Si se me permite el símil, la Seguridad Social es un enfermo, Escrivá el médico que está dispuesto a aplicar un tratamiento más o menos invasivo y doloroso pero necesario, e Iglesias es como una de esas personas que se niegan a hacer una transfusión de sangre por convicciones religiosas o un “negacionista” del COVID-19 y militante anti-vacunas. Escrivá propone reformas ponderadas y paulatinas porque su preocupación es salvar el sistema e Iglesias, con su actitud de no tocar una coma, prepara el escenario para una solución a la griega de recortes drásticos e indiscriminados impuestos por Europa. Los que queremos salvar a la Seguridad Social de la crisis que atraviesa estamos con Escrivá, no con Iglesias. Entre los dos media la distancia que va de la racionalidad a la irracionalidad, y es que, desgraciadamente, hoy en día las posturas irracionales gozan de gran predicamento entre mucha gente”, expresa Méndez Baiges.

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